Lic. Eduardo H. Fontenla

Pasan las décadas, pasan los gobiernos, suceden las crisis, y en la Argentina algunas propuestas de desarrollo sostenible no son tomadas en su real dimensión  en el diseño de las políticas públicas, tal  el caso del mutualismo,  una de las columnas centrales del sector de la economía social.

Creemos que ante la crisis actual que afrontamos debemos volver a resignificar las propuestas asociativas, como las que expresa el mutualismo, para posicionarnos mejor en la defensa de los sectores populares.

Esto nos exige reflexionar participadamente sobre las estrategias de desarrollo e integración que desde el propio movimiento debemos consensuar y poner en marcha en favor de la gente.

Una plataforma de apoyo para iniciar este trabajo es el “Consenso de Sunchales”, suscripto por todo el sector,  en julio del año 2006, que entre otros aspectos expresa “(…) Las cooperativas y mutuales han sido, desde hace más de un siglo, la forma en que los argentinos se han organizado para acumular capital al servicio de los intereses comunes. Es por eso que la consolidación del movimiento mutual y cooperativo constituye una condición para el éxito de un nuevo modelo social de inclusión. La economía social siempre fue parte de esta sociedad y quiere convertirse en la herramienta para conseguir esos objetivos.

Por eso hoy los firmantes de este Consenso de Sunchales nos sentimos parte de este pueblo argentino y sentimos el deber de ser protagonistas. Consideramos imprescindible desactivar las ideas preconcebidas, ignorancias interesadas, trabas burocráticas y en especial la maquinaria normativa elaborada por el neoliberalismo y que hoy dificulta la consolidación y expansión de este modelo solidario. En esta tarea comprometemos el esfuerzo (…)”.

Para este objetivo el mutualismo debe repasar antiguas lecciones de identidad y  recuperar sus principios de orientación y gestión, a los que debemos sumar coherencia política, fuerza organizativa, recursos financieros, planificación participada y, especialmente cooperación e integración dentro del sector de la economía social.

Estamos convencidos que las mutuales permiten ofrecer los servicios con calidad y a precio justo a todos y cada uno de sus asociados, a la par de ser contribución al bien común y al desarrollo local-regional.

Tampoco debemos ser ingenuos y desconocer que intereses ideológicos y comerciales concretos, obviamente nunca explicitados, alientan descalificaciones y ataques a las mutuales, como las exclusiones a participar de determinadas ramas de servicios que limitan la capacidad operativa de prestación a sus asociados.

Aunque las mutuales como las empresas de la economía social, por su conformación tienen una fuerte difusión y protagonismo en sus comunidades,  llama la atención la exagerada generalización que se suele hacer ante un fracaso de gestión de “alguna” entidad  mutual o de la economía social ante actos de corrupción de algunos dirigentes y funcionarios. Con este mecanismo se pretende desvirtuar ante la opinión pública el verdadero protagonismo asumido por el mutualismo en la Argentina y el Mundo por casi dos siglos, tratando de instalar en la sociedad que el fracaso o poca transparencia de “alguna” organización, es del todo mutualismo en su conjunto y que las empresas de la economía social ya no son viables ni posibles  en un mundo competitivo y globalizado.

Lo expresado en el párrafo anterior, bajo ningún aspecto significa justificar ineficiencias en los servicios o tolerar la acción de dirigentes y funcionarios corruptos que desnaturalizan la visión y misión de las mutuales y que usan la figura mutual  en beneficio propio perjudicando a sus miembros y a todo el sector, todo lo contrario, significa llamar la atención sobre intereses que pretenden instalar el fracaso del mutualismo en Argentina.

Por ello, en favor de un desarrollo con inclusión social debemos seguir edificando con compromiso político y buena gestión empresaria mutual, objetivo que sólo es posible con la participación protagónica y activa de todos y cada uno de sus asociados y grupo familiar.

También, debemos mirar los grandes propósitos y el largo plazo, por encima de los remolinos y de las contingencias de las luchas políticas.

Esperamos que la convicción, el compromiso y la creatividad para trabajar juntos se fortalezca. Porque que la mayoría de los argentinos no tenemos salida individual para nuestras necesidades y aspiraciones de mejorar la calidad de vida, pero sí tenemos  y si hay salida conjunta. Por ello, la organización mutual  lejos de ser una idea del pasado, es una opción empresaria inteligente y actual para alcanzar un desarrollo con profundo sentido social, sin exclusiones.

Eduardo H. Fontenla
Miembro del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo

Un libro que aporta al debate sobre la lucha de los trabajadores de las empresas y fábricas recuperadas

“Cooperativas de Trabajo y Empresas Recuperadas”, de Editorial Intercoop, se llama un reciente libro de Eduardo H. Fontenla.

Es un libro extenso y meduloso, con mucha información objetiva y también con lecturas subjetivas, deja mucha tela para cortar y se constituye como un riquísimo aporte al debate respecto de la lucha de los trabajadores de las empresas y fábricas recuperadas.

Las fábricas y empresas recuperadas son aquellas donde los propios trabajadores, ante la quiebra o cierre, deciden asociativamente tomarla y volverla a poner en funcionamiento a través de la organización de una cooperativa de trabajo.

El trabajo es una lectura insoslayable a la hora de pensar, discutir e intervenir en el camino de la autogestión, especialmente bajo la forma cooperativa, en Argentina y en América Latina. Aunque las experiencias no son directamente extrapolables sirven para tener una mirada más amplia.

Se profundiza el marco conceptual y se exploran las dimensiones empresariales de las cooperativas de trabajo como forma preferente en la recuperación de las empresas y fábricas en crisis, a partir de la modificación del art. 190 de la ley 24.552 de concursos y quiebras .

Pese a que la organización de cooperativas no fue una solución pensada ni buscada por los trabajadores en riesgo de perder sus empleos, destaca la respuesta, entendimiento y apropiación que hicieron la gran mayoría de los asociados trabajadores y el éxito económico y social alcanzado.

Diferencia la lógica de organización, conducción, control y gestión de las empresas cooperativas de las empresas de capital y como el trabajo desplaza a la propiedad del capital como elemento determinante y decidor de las relaciones productivas.

Dos aspectos centrales de la gestión de las cooperativas de trabajo son analizados en profundidad, uno el paso de una relación de dependencia laboral a un vínculo asociativo de co-trabajador, co-propietario y co-inversor, y otro, la especificidad de los anticipos de retornos y la posterior distribución de los excedentes en función del trabajo aportado por cada asociado.

La discusión acerca de los aspectos ideológicos que suscita el fenómeno de las cooperativas de trabajo que han recuperado fábricas y empresas en crisis ocupa un lugar importante en las páginas del documento y la propuesta de igualar los derechos de propiedad de los acreedores con los derechos de los laborales, justificando la necesidad superar el espíritu liquidacionista de la actual ley de concursos y quiebras.

Aunque los orígenes son distintos y la organización haya surgido de fuertes conflictos, con toma y resistencia, sostiene que las cooperativas de trabajo que recuperaron empresas y fábricas, a partir de la crisis del año 2001, es una nueva fase en la continuidad histórica del movimiento cooperativo y no una nueva generación de cooperativas o un nuevo cooperativismo.

También, se interroga sobre los motivos políticos por los cuales la Cámara de Senadores de La Nación, no trató el proyecto de ley que facilitaba y brindaba mayor certeza jurídica a las cooperativas de trabajo y que fuera aprobado por la Cámara de Diputados, en el mes de diciembre de 2004. La preocupante demora política hizo que el proyecto, con media sanción legislativa, pierda estado parlamentario para su tratamiento en la Cámara Alta.

Sobre el tema integración, menciona a once organizaciones nacionales, provinciales y locales de representación e integración de las cooperativas de trabajo, señalando los problemas que acarrea esta excesiva dispersión en los procesos de asociación y funcionamiento como economía de red.

Aunque el autor señala que el nacimiento del cooperativismo está en el origen del movimiento obrero, el tema de la cuestión sindical y su relación con las cooperativas deja más interrogantes que respuestas. Insiste en que la relación demanda un diálogo fructífero, abierto y una negociación para la transformación, superando ciertos prejuicios de sindicalismo hacia las cooperativas de trabajo.

No sólo hay un desarrollo teórico de las ideas asociativas especialmente las organizadas bajo la forma cooperativa, también se describen procesos de integración y cluster cooperativos en funcionamiento, que han alcanzado un éxito empresarial y en beneficio de los trabajadores asociados.

En la parte final del libro se realizan sugerencias y una suerte de proposiciones para el diseño e implementación de políticas públicas activas en favor de la producción y el trabajo, tomado las potencialidades de la autogestión cooperativa, sus valores, principios e identidad.

Polémica es su afirmación de que no existen políticas públicas en materia cooperativa en la Argentina, sino sólo programas de apoyo en algunas áreas del Estado y tecnologías de gobierno para paliar las crisis emergentes. En este marco, señala el aspecto estratégico de la economía social en favor de un desarrollo con inclusión social.

Asimismo la publicación contiene un anexo con los proyectos legislativos de modificación a la ley de concursos y quiebras, documentos legales e institucionales de organismos especializados, que enriquecen la obra.

A continuación reproducimos la introducción y justificación del tema: “Cooperativas que recuperan empresas y fábricas en crisis”

“Uno de los más graves problemas que enfrenta nuestra sociedad es el desempleo. Sus consecuencias exceden lo estrictamente económico.

La desocupación es madre de la violencia y de la inseguridad. La ausencia de ocupación estable y remunerada genera angustia, desdibuja la identidad personal y provoca reacciones antisociales que afectan la convivencia pacífica de los individuos en una comunidad.

El desempleo a muchos hombres y mujeres de distintas edades los puso a prueba, ya que de buenas a primeras quedaron en la calle, sin trabajo y sin comida.

Una de las respuestas ante esta nueva situación ha sido el surgimiento del movimiento de empresas o fábricas recuperadas, para darle continuidad al trabajo y reactivar las empresas en quiebra, concursadas y/o abandonadas por sus dueños. Especialmente nos interesa analizar la modalidad de las cooperativas de trabajo, los desafíos e impactos que esta estrategia de legitimación jurídica implica en la preservación y generación de nuevas fuentes de trabajo.

Reconocemos que el cooperativismo ha permitido que amplios sectores sociales logren un acceso real a la propiedad de los medios de producción, alcanzando una participación significativa en la producción nacional y en la distribución del ingreso; a la par de su contribución a la democratización de la economía.

Las cooperativas de trabajo, son organizaciones con identidad, especificidad doctrinaria, legal y organizacional, que requieren mecanismos específicos para la organización, toma de decisiones, gestión y fiscalización, que resulta imprescindible conocer para su eficaz funcionamiento.

No es un fenómeno nuevo en la Argentina la autogestión cooperativa de los trabajadores, pero se observa un crecimiento importante a partir de la crisis de 2001, momento en que los trabajadores recurren a la constitución de esas entidades por la necesidad urgente de defender la fuente de trabajo al tomar conocimiento del cierre o quiebre de la fábrica, con la cual mantenían una relación de dependencia laboral.

A la formación de cooperativas de trabajo originadas en empresas quebradas o en crisis, se la ha llegado a denominar “fenómeno” en alusión al incremento exponencial que se produjo en los años recientes y en la inversión de roles por medio de los cuáles son los propios actores, los trabajadores asociados, quienes pasan a ser protagonistas, rechazando el manejo político de la pobreza y el camino por el cual únicamente podrían sobrevivir del asistencialismo social. Asistencialismo que fue necesario porque cuando la gente tiene hambre, lo importante es que coma y mucho más los niños. Pero la asistencia social desvinculada de todas las otras dimensiones puede ser negativa, porque suele incrementar la cultura de la dádiva. A su vez quién depende de la dádiva o la caridad para sobrevivir, nunca es totalmente libre.

Considerando que el trabajo es el mejor ordenamiento social y uno de los elementos fundamentales de creación de vínculos, la formación de una cooperativa para recuperar una empresa o fábrica, implica salir de la actitud de la derrota y tener una postura frente a la crisis, aplicando políticas basadas en proyectos sustentables para los trabajadores.”

Eduardo Héctor Fontenla, es actualmente Vicepresidente del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM)

Libro Eduardo Fontenla

Son programas sociales asociativos.

El programa de cooperativas sociales que anunció la Sra. Presidenta de la Nación Cristina Fenández de Kirchner, no es por su esencia, orientación y lógica de gestión un programa de promoción de cooperativas de trabajo, es un plan social asociativo para disminuir la pobreza.

El plan anunciado el día viernes 14 de agosto ppdo., lo consideramos una buena política pública y una medida de gobierno contra la pobreza, la inequidad social, diferente al asistencialismo, ya que tiende a “…que la gente tenga trabajo y se organice socialmente…”. Porque el trabajo siempre es una instancia superior en los planes sociales.

El mismo apunta a generar 100.000 empleos a través de cooperativas inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), para cubrir necesidades básicas, con un financiamiento de 1.500 millones y estará focalizado en el conurbano bonaerense, una de las zonas más afectadas por la pobreza  y que se continuará aplicando en otras zonas de vulnerabilidad social de la Argentina.

La creación de cooperativas de 50, 60 o 70 personas en complementariedad y con la intermediación de los municipios, para realizar trabajos comunales de pequeña y mediana dimensión (ampliación de escuelas, pavimentación de calles, la construcción de cordones, veredas, cunetas, arreglos de baches,  cloacas, mejoras y mantenimiento de plazas, etc…), no responde a la naturaleza de la empresa cooperativa y a criterios de organización social e institucional que la misma requiere para un funcionamiento sostenible.

Las empresas de la economía social son actores relevantes para crear trabajo digno y consolidar un nuevo modelo productivo centrado en las personas, pero no desde arriba, sino como construcción libre, conciente  y voluntaria de sus miembros,  empezando desde abajo.

Los mecanismos de selección de los beneficiarios no permite la apropiación de la cooperativa y compromiso por parte de sus miembros y la renumeración fija de $ 1.500,00.- menos los aportes correspondientes a jubilación y obra social, desvinculada de la cantidad y calidad del trabajo realizado. Es metodología es ajena a la lógica de acumulación, anticipos y distribución equitativa de los excedentes que se aplica en las cooperativas de trabajo con todos y cada uno de sus trabajadores asociados.

Se debe tener cuidado de asignarle el sello de “cooperativas” y asimilar el vínculo de trabajo previsto en el plan anunciado por el gobierno, con el vínculo asociado-cooperativa, ya que implica un desconocimiento del marco teórico de las empresas de la  economía social o solidaria y tiene el riesgo de favorecer la desnaturalización y los desvíos técnicos,  que luego le serán asignados como fracaso a todo el sector cooperativo y de la economía social y cuyos argumentos serán utilizados ideológicamente por los enemigos de las cooperativas.

Creemos que es importante tener claro en insistir en lo conceptual para no confundir lo metodológico, ya que el  criterio asistencialista es totalmente opuesto a la organización y gestión cooperativa.

Algunas cooperativas de trabajo fraudulentas, que fabrican algunos empresarios para evadir las responsabilidades laborales, causaron y aún causan perjuicio a la credibilidad del accionar cooperativo genuino. Creemos que estos errores conceptuales van a aumentar la desconfianza.

Hoy en nuestro país funcionan 11.357 cooperativas y prestan servicios a sus asociados, con un sistema de orientación en los valores y principios cooperativos y con una lógica de gestión empresaria e institucional  coherente con los mismos, que el Estado debe promover y potenciar en su accionar como empresas de capitales 100% nacional y administración democrática.

Por ello, creemos que es un error denominar al plan de empleo público como “cooperativo” en sentido estricto, por las complicaciones, desconfianzas y confusiones que causará al sector de la economía social, aunque el plan anunciado tenga en su implementación lineamientos solidarios afines con la doctrina cooperativa.

Lic. Eduardo H. Fontenla

Jóvenes Rurales

Necesidad de una Política Pública para Jóvenes del Ambito Rural.

Por Eduardo H. Fontenla (°)

“Estamos desperdiciando el potencial económico de una gran parte de la población, en especial en países en desarrollo que son los que menos se lo pueden permitir. Por eso los países deben concentrarse en los jóvenes”.

Juan Somovia

Director General de la OIT

Un aspecto clave  en  la agenda de las políticas públicas en  favor de un desarrollo rural sostenible y con inclusión social, es el referido al estamento joven vinculado al campo argentino, ya que hacen posible la igualdad de oportunidades en una sociedad diversa.

Históricamente el estamento joven no fue parte de las políticas públicas de Desarrollo Rural (DR) y aún hoy no califica en la agenda pública. Los  pocos proyectos implementados fueron a partir de conocimientos intuitivos.

Fue y es un sujeto pasivo con poca visibilidad y valoración política, sólo tenido en cuenta como un componente estadístico más entre los grupos vulnerables.

La invisibilidad es uno de los aspectos más críticos de la exclusión social, ya que a su vez contribuye a perpetuar la exclusión.

La juventud rural es invisible o ignorada muchas veces por los grandes números del sector agropecuario, toneladas de productos o montos exportables.

Por ello, nos interrogamos sobre qué futuro tienen lo jóvenes rurales y qué tienen que cambiar las políticas públicas para que en el medio rural los jóvenes tengan futuro.

En la Argentina el tema jóvenes rurales fue y es  parte de las agendas de las entidades rurales rurales, de las organizaciones no gubernamentales (ONGs), de las escuelas e institutos de formación técnica agropecuaria. El Estado sólo acompañó estas iniciativas y desarrolló acciones sostenidas en los períodos democráticos, pero los resultados no fueron en todos los casos los esperados.

Generalmente los jóvenes sido convocado en temas de relevancia secundaria, para consultas,  para festejos, campañas electorales políticas-partidarias y conmemoraciones sociales o aniversarios institucionales de las organizaciones rurales.

A su vez el derecho de los derechos humanos, sociales, económicos y culturales han llegado y llegan al campo en menor medida e intensidad que en los ámbitos urbanos, que se corrobora con los escasos mecanismos de participación en el sector rural.

La declaración universal de los derechos humanos debería ser universal, pero vemos que es más urbana que rural.

Según datos del Censo Nacional Agropecuario de 1991 la población rural, es decir, la que vive en poblaciones de menos de 2000 habitantes y áreas ubicadas a campo abierto (población rural dispersa), alcanzaba en el país al 12,81 % del total de habitantes. Una década después ese porcentaje bajó al 10,63%. En 2001, había 9 de millones de jóvenes de 15 a 29 años en todo el territorio nacional, de los cuales sólo el 2,5% vivía en áreas rurales dispersas.

Si comparamos estos datos con los de América Latina la proporción es sumamente baja, ya que en la región el número de jóvenes rurales alcanza a 35 millones de personas, representando un 30% de la población rural. De ello, un 54 % corresponde a varones y un 46% a mujeres entre los 15 y 29 años.

Ante el problema del despoblamiento el campo en Argentina cede un actor estratégico, los jóvenes,  dada su potencialidad productiva en favor del desarrollo y el aporte que pueden ofrecer tanto a la innovación productiva, como a la renovación generacional del medio rural.

Paralelamente cientos de pueblos se estancan o retroceden e incluso algunos están en vías de extinción y corren riesgo de convertirse en pueblos fantasmas.

Se pueden adoptar distintas definiciones de jóvenes y los límites etáreos superiores e inferiores varían según regiones y clases sociales, no obstante, a los fines de este trabajo, nos referimos a la población en el tramo de edad comprendido entre los 16-30 años.

La Organización de  Naciones Unidas  (ONU), a las cual suscribe la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), contempla a la juventud como el grupo poblacional entre los 15 y 24 años de edad. Se pueden discriminar dos subgrupos 15 a 19 años (jóvenes adolescentes) y de 20 a 24 años(los jóvenes adultos). Estos límites inferiores y superiores, obviamente no traducen la realidad de muchas regiones rurales y exigen una redefinición.

Un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en conjunto con Organización Iberoamericana de la Juventud (CEPAL/OIJ), afirma que todavía constituye una “tarea compleja, tanto en el mundo académico como para los gobiernos, delimitar una categoría de juventud que permita establecer cuáles son los límites de esta etapa de la vida y cómo visibilizar sus particularidades socio históricas y necesidades”[1]. Tampoco es suficiente la definición de diccionario que dice:  “ lapso comprendido entre la adolescencia y la adultez”.

Cuando nos referimos a jóvenes rurales consideramos, en sus distintas denominaciones,  a los hijos de campesinos, de productores de la agricultura familiar, de colonos, de chacareros, de contratistas rurales, a los jóvenes propietarios de tierra o a los empleados rurales. También incluimos a trabajadores, técnicos o profesionales de actividades no tradicionalmente rurales-productivas, que viven en pueblos del interior.

Las políticas públicas orientadas a los jóvenes rurales, por definición, deben trascender las acciones de los gobiernos y convertirse en una política de Estado. A su vez requieren acciones interdisciplinarias específicas que atiendan su problemática, con metodologías nuevas  y que excedan el ámbito sectorial agropecuario.

Desde nuestro enfoque, las políticas públicas son proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración a los fines de satisfacer necesidades de una sociedad.

En lo específico las juventudes rurales constituyen un sujeto múltiple, heterogéneo y altamente complejo, con recursos, dinamismo y potencialidades según las  sociedades, las culturas; las particularidades de cada territorio, la dimensión predial, el sistema de tenencia de la tierra,  la tipología productiva, la posición social y el género. Tampoco es un sujeto ajeno a los modelos promovidos por los adultos.

Por ende es un estamento con fuertes desigualdades y en razón de esta diversidad las políticas públicas no deben referirse a una juventud rural sino a las juventudes rurales argentinas.

Estamos convencidos que se deben decidir y  ejecutar  políticas públicas para rejuvenecer el campo o el campo se quedará sin jóvenes, con el consiguiente debilitamiento productivo y del tejido social en los pueblos del interior.

Una eje a tener en cuenta son los jóvenes rurales pertenecientes o vinculados a la Agricultura Familiar (AF)[2] y los hijos jóvenes de los trabajadores rurales permanentes, temporarios o golondrinas, cuya estructura agraria y complejidad socio-laboral-productiva requiere de una acción activa de los Estados que iguale las oportunidades de acceso y les permita construir su vida digna en el ámbito de la nueva ruralidad.

Es necesario reconocer y jerarquizar el carácter multifuncional de la AF, en lo que se refiere a  la producción de alimentos de alta calidad, autonomía y seguridad alimentaria, al mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas y contribución al desarrollo sostenible con base local, a la generación y mantenimiento de puestos de trabajo decentes que frenen la migración campo-ciudad o éxodo rural.

En cuanto a la pobreza rural las evidencias indican que esta pobreza es relativamente mayor a la pobreza urbana, un estudio[3] especializado señala que en las áreas rurales se concentran los mayores porcentajes de jóvenes pobres. La pobreza en el campo se ve agravada por la insuficiente inversión y gasto público a favor de las áreas rurales comparadas con las urbanas.

A su vez el grupo con mayor incidencia en la pobreza rural y menor acceso a los servicios sociales es el de los asalariados agropecuarios y obreros rurales.

Los cambios económicos, sociales y tecnológicos ocurridos en Argentina, se traducen en modificaciones abruptas en las condiciones de vida de los productores agropecuarios y su grupo familiar, por lo tanto,  es lógico que sobrevengan más tarde o más temprano, transformaciones en los distintos estamentos poblacionales del campo argentino, que impactan significativamente en el arraigo, trabajo y destino de la población joven.

Estos cambios se suceden a una gran velocidad y afectan en mayor grado al  estamento joven, que es empujado a migrar de forma incierta, desde el campo a las zonas urbanas, sin posibilidades de optar, entre sus sueños continuar como productor agropecuario con identidad cultural  o habitante urbano de una gran ciudad.

A esto se suma que los jóvenes  hacen una lectura negativa de la vida rural y no perciben  la actividad que realizan sus padres y/o que realizaban sus abuelos, como una oportunidad de desarrollo, de trabajo decente  y de acceso a una vida digna.

En el año 2001, menos de un tercio de los jóvenes rurales de 14 a 24 años (el 29%) se encontraba ocupado, el 15% estaba desocupado y el 57% era inactivo, no significa que no hace nada, significa que no se encuentra trabajando en una actividad remunerada, ni buscando trabajo remunerado. Es decir, puedo encontrarse estudiando, realizando tareas domésticas o ayudando en las distintas actividades de la  AF.

Ante esta situación el camino que muchos eligen es el que se expresa en la jerga corriente como “no queda otro camino”;  “conviene arrendar e irse”; “que otro trabaje la tierra”, paso previo a la venta,  consiguiente transferencia y concentración de las tierras en actores extra rurales urbanos.  La desaparición de productores familiares y las migraciones por falta de oportunidades impacta en la extranjerización de tierras.

Por la debilidad del vínculo generacional adultos-jóvenes, las sucesiones planificadas  y ordenadas para asegurar el futuro en la AF y la continuidad de las empresas rurales son muy pocas. No existe plan de transferencia que permita a los agricultores “más adultos” retirarse decentemente y dar su lugar a los jóvenes

Un problema nuclear se encuentra  en la escasa comunicación entre los miembros de la familia, cuando los padres encuentran dificultades para hablar de los planes de continuidad y sucesión con sus hijos.

La antítesis a la continuidad de las empresas familiares fueron los programas orientados a jóvenes denominado “E” y “F” que incluía a mujeres también jóvenes, ejecutado por el PROINDER de la SAGPyA, durante los años 2003/04. Entre  los requisitos para la calificación y financiamiento del proyecto productivo presentado por los jóvenes, se exigía que el mismo  tuviera una actividad diferente a la que desarrollaba su familia. Por el contrario se debe tender con los programas tanto a la continuidad, mejora, aumento de escala y poder de negociación en el mercado, como al agregado de valor de la empresa familiar.

Un impacto favorable de estos programas fue  el acceso a la energía eléctrica en los predios y a partir de ella, al mejoramiento de la calidad de vida, al uso bombas eléctricas, sistemas de riego, etc.

La migración es el desplazamiento de personas, de jóvenes en caso que nos ocupa, de un lugar a otro, a menudo de las zonas o pueblos rurales a las ciudades.

La sobrecarga de estímulos, la exposición a valores y estilos de vida alternativos inducidos por los medios de comunicación y por los emigrantes que regresan de visita o por los trabajadores estacionales,  son factores de atracción para a aceptar propuestas de niveles de vida con menores carencias, una mejor educación y con mayores ingresos en las grandes ciudades. Este sueño e imaginario juvenil de progreso urbano, muy pocas veces se corresponde con las expectativas y ofertas que reciben para dejar su territorio, su entorno significante y sus relaciones sociales.

La migraciones rural-urbana y de pueblos a grandes ciudades serían prácticamente nulas si la relación costo-beneficio esperada de vivir en cualquiera de ellas es equivalente; habrá migraciones cuando el nivel de vida esperado o imaginado en las ciudades es mejor que el esperado en el campo o pueblos.

Esta situación impacta en mayor medida en la juventud, ya que es una instancia de indecisiones y de búsquedas, más que de certezas. Es la etapa  donde las capacidades intelectuales están más alertas y son significantes las preguntas qué hago, para qué y hacia dónde voy.

Con las migraciones de jóvenes se pierden algunas personas en las que más se ha invertido. A este proceso  a veces se lo conoce como la “fuga de cerebros”

Así encontramos hoy a las juventudes rurales en flujo migratorio constante por los distintos eslabonamientos o estaciones en la ruta que tienen las migraciones rural-urbana,  que se inicia con la salida por necesidad o expulsión del campo o chacra a los pueblos o ciudades cercanas, y luego continúa el tránsito desde éstos a las ciudades capitales de provincia, para finalizar la radicación en  la región metropolitana de Buenos Aires.

Mayoritariamente en las migraciones internas. Córdoba, Rosario,  el primer y el segundo cordón del Gran Buenos Aires[4] son los  corredores migratorios y los lugares  de asentamiento de los jóvenes rurales que llegan situación de pobreza y exclusión del interior, ya que una de las lógicas de la pobreza es buscar los lugares de mayor densidad de población y  la posible asistencia política y de redes sociales asistencialistas. Este proceso lo podemos denominar la conurbanización del territorio rural.

A estos jóvenes migrantes forzados y silenciosos les va muy mal en el mercado laboral, ya que se insertan en trabajos informales o en changas en la gran ciudad o engañados e incorporados a los “circuitos de explotadores”, lo cual configura un cuadro de suma precariedad.

En el Gran Buenos Aires, entre 1985 y 1999 la tasa de empleo de los jóvenes pasa del 60% al 45 %. Otro dato importante es que entre los jóvenes el porcentaje de trabajo en negro es mucho mayor que entre adultos. A modo ilustrativo, la información elaborada por el equipo de empleo del Ceil-Piette del Conicet muestra que, entre 1990 y 2000, el empleo en negro se incrementó en un 15% entre los jóvenes de 14 a 19 años (más del 80% de los ocupados es este grupo trabaja en condiciones de precariedad)[5].

En la medida que se reducen los puestos de trabajo disponibles están quedando fuera los jóvenes, luego los pobres y finalmente los de menos educación.

A su vez el estamento joven es el más afectado por la violencia en sus diferentes formas, ya sea como víctimas o como efectores.

Además, suelen ser discriminados por la procedencia geográfica, la apariencia, el tipo de vestimenta, el lenguaje, el origen étnico y/o color de la piel. Esta situación afecta en mayor medida a los jóvenes con menores niveles de educación.

En los últimos años han aumentado las migraciones internacionales de jóvenes rurales, donde el desarraigo, la incertidumbre y las tensiones familiares son mayores. Dado que ser inmigrante es una marca a fuego o señal, que muy pocas veces se quita, siempre se es persona de afuera.

Para frenar este proceso, la estrategia es brindar herramientas para que los y las jóvenes puedan ser protagonistas en estos cambios en sus lugares de origen, es decir, ser parte del arraigo voluntario con oportunidades y de la movilidad social ascendente.

El precepto constitucional de que cada habitante de la Argentina debe tener acceso a una vivienda digna, debe aplicarse dentro de las múltiples variables para favorecer el arraigo rural.

Siendo la educación un factor causal del desarrollo sostenible, en materia de educación formal preocupa tanto las brechas educativas y los déficits, como el cierre y la concentración de las  escuelas rurales.

Según datos del Ministerio de Educación de la Nación, existen 12.000 escuelas rurales, que significa  el 14% de la matrícula primaria y el 8%  del ciclo básico de la educación secundaria.

Un 30% son escuelas rurales uni-docentes, es decir con menos de 20 alumnos,  y el 15% son  bi-docentes.

La brecha educativa no es sólo en años de estudio, es también en calidad, los jóvenes rurales desfavorecidos que deberían tener la mejor atención educativa no la tienen.

Otro componente clave es revisar el equilibrio y el ajuste curricular que debe existir entre la formación y el trabajo disponible en el medio rural. Se debe recuperar la vieja alianza entre educación y trabajo en la enseñanza técnica agropecuaria.

En el agro se observa que muchos jóvenes salen de la escuela por la necesidad de trabajar.

Respecto a la educación no formal e informal es significativa la valoración que los jóvenes rurales hacen de las competencias laborales-productivas  aprendidas en la modalidad extra-escolar.

Sin educación o con mala educación se crean las trampas de la pobreza rural y de exclusión. No se logra empleabilidad decente y los jóvenes quedan en las márgenes del mercado de trabajo o en las posibilidades de emprender.

Hoy se requiere formar a los jóvenes rurales en competencias emprendedoras ya que no es lo mismo tener un oficio, conocer un trabajo o saber producir,  que tener capacidad empresarial.

Las competencias emprendedoras permiten mejorar las posibilidades de éxito e identificar las nuevas oportunidades tranqueras afuera, en particular en la prestación de servicios rurales y en el agregado de valor a la producción primaria.

Paralelamente se necesita un acompañamiento durante el período de arranque  e instalación de las nuevas empresas, dado que es el tiempo de mayor vulnerabilidad por la falta de experiencia o de escala. No obstante se debe evitar el apalancamiento excesivo.

El acceso a los recursos y al financiamiento debe garantizarse con fondos de garantías recíprocas o por la viabilidad de los proyectos a desarrollar y no con la exigencia de garantías reales o convencionales, que obviamente los jóvenes en su gran mayoría no pueden ofrecer.

La tasas deben ser promocionales o a valor producto, con repagos acomodados a los ciclos de los productos.

Para alcanzar escala productiva, nivel tecnológico apropiado y poder de negociación en el mercado,  el cooperativismo y la organización de formas asociativas se presentan como alternativas válidas, no siempre entendidas y valorizadas.

El desafío es pensar la expansión de la empresarialidad joven y no solamente el trabajo juvenil desde el ámbito del empleo dependiente.

El aumento de la empresarialidad agropecuaria, agroindustrial y agroalimentario permitirá que muchos profesionales jóvenes oriundos de las zonas rurales y de los pueblos del interior, que migraron para estudiar puedan regresar con expectativas de trabajo a sus lugares de origen.

Para definir las agendas de trabajo con juventudes, debemos ser flexibles,  para ajustarnos al cambio y responder a necesidades concretas y actuales especialmente de la AF. Por ello, es de importancia ejercitar nuevas formas de construir la autoestima, considerando su cultura, sus visiones, las historias, las costumbres y todo lo que es realizado en el sector rural como generador de pertenencia.

Esta formula permitirá tener un sistema agropecuario, agroalimentario y agroindustrial diversificado, sostenible, con productores dueños y trabajadores de la tierra, con identidad cultural, con sueños, con ganas de ser y pertenecer.

Agenda de políticas públicas para juventudes rurales

Veinticuatro propuestas:

1.- contribuir al reposicionamiento de la vida en el medio rural y la promoción del trabajo u oficio de productor agropecuario;

2.- frenar y/o disminuir el proceso de migración forzada del  campo a la ciudad y  el despoblamiento rural;

3.- atender las penosas situaciones de pobreza de la vida rural;

4.- favorecer el acceso a los recursos, atendiendo de manera particular el  uso y distribución de la “tierra”, reconociendo la función social y su estrecha relación con la autonomía – soberanía alimentaria y territorial. Construir un banco inmobiliario rural de datos,   actualizados por los Registros Provinciales de Inmuebles.

5.- Mejorar los niveles de conciencia pública sobre los problemas y cuidados del suelo y del medio ambiente.

6.- mejorar la calidad de vida de los jóvenes en aspectos relacionados con la participación en la economía, la emancipación de derechos, la educación en valores, la igualdad de género, la salud, la recreación, el tiempo libre y el ocio;

7.- aumentar la empresarialidad joven en la diversificación productiva y  en los eslabones estratégicos de las cadenas agroalimentarias y  agroindustriales, posibilitando llegar con sus productos los más cerca posible del consumidor final, generando un desarrollo del territorio de base local,  en el origen de la producción primaria;

8.- estimular la organización de nuevas empresas asociativas y cooperativas para fortalecer la capacidad de gestión y negociación en el mercado, articulando acciones con el sector clásico o histórico de la economía social y evitando los procesos de intermediación parasitarios y sin agregado de valor;

9.- proveer infraestructura y servicios competitivos para el sector productivo y para mejorar la calidad de vida de la población  dispersa en campo o que habita en pequeños pueblos del interior del país;

10.- asistir financieramente en forma directa y oportuna agronómicamente en las etapas iniciales a los proyectos productivos y de servicios, con repagos acomodados a los ciclos de los productos.

11.- otorgar acceso prioritario a préstamos especiales de fomento y de estímulo impositivo y arancelario;

12.- contribuir a reposicionar y jerarquizar la juventud vinculada a la AF en la producción sostenible de alimentos y en los planes estratégicos de DR de la SAGPyA;

13.-  garantizar una participación porcentual mínima del estamento joven en los programas de DR de los distintos gobiernos;

14.- mejorar el capital humano a través de  oferta educativa formal y no formal en el campo ajustada al trabajo disponible y potencial, con un programa de becas de estudios que igualen las condiciones de acceso a los distintos niveles de formación;

15.-  cerrar la brecha de escolaridad entre la matrícula primaria y secundaria.

16.- tomar el conocimiento como la base del DR para producir con más valor agregado, equilibrando las demandas tecnológicas de la sociedad moderna con la actual oferta de las escuelas agrotécnicas en sus distintas modalidades y las universidades;

17.-  promover planes de vivienda familiar para el bienestar de las parejas de jóvenes rurales;

18.- estimular la construcción de capital social o capital relacional, pasando los límites de la familia o de la comunidad rural a la creación de puentes con otros actores sociales y productivos bajo un enfoque de desarrollo territorial;

19.- reforzar legitimidad de la institucionalidad y de los espacios de participación en el sector rural de los jóvenes y la conexión intergeneracional, favoreciendo su auto-organización y auto-representación, para lograr que sus propuestas y demandas sean incluidas en las políticas públicas;

20.- incidir en la inserción e incorporación de los jóvenes en la sociedad civil de sus comunidades locales y/o regionales;

21.- promover la cooperación y complementariedad entre el Estado y las organizaciones juveniles rurales;

22.- promover una conciencia crítica  para que la juventud se constituya en un actor de incidencia en la realidad nacional;

23.- organizar y mantener actualizadas “bolsas de trabajo joven” por regiones, con las ofertas y demandas laborales y que ayuden a los jóvenes a encontrar su primer trabajo o desarrollar su primer emprendimiento;

24.- construir observatorios y/o bancos de experiencias e indicadores sociales, económicos, educativos y ambientales,  específicos sobre las juventudes rurales, que den  cuenta de la gran variedad de maneras de vivir la juventud en distintos contextos rurales. Para que las políticas públicas partan de donde están lo jóvenes rurales y no, desde dónde se cree que están o de dónde se quiere que estén,

Estos veintitrés componentes deben atender transversalmente el tema  de igualdad de género tanto en el entorno público como en el privado. Actualmente se registra una mayor tasa de actividad agropecuaria en los varones, no inherente a las competencias o habilidades,  sino a una construcción social que puede y debe modificarse.

Asimismo  se deben incorporar las actividades de ocio, tiempo libre, la participación plena en programas deportivos, de música y en la promoción de los derechos juveniles,  con las particularidades regionales  que expresan las juventudes rurales.

A su vez el trabajo requiere de una estrecha colaboración entre  los actores públicos en sus distintos niveles y privados, especialmente de las organizaciones juveniles rurales. Porque los programas de juventud se han caracterizado por su elevada fragmentación y por acciones institucionales aisladas.

Para dar respuestas al futuro de lo jóvenes, tenemos que tener voluntad política y ser capaces de superar las meras contingencias políticas partidarias y, a su vez, dejar de seguir utilizando mapas viejos para transitar caminos nuevos. El trabajo que nos queda es pensar y construir caminos nuevos, porque queremos llegar a un objetivo diferente en el campo argentino.

(°) Eduardo H. Fontenla, es miembro del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM)

[1]Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), La Juventud en Iberoamérica, tendencias y urgencias. Santiago, Chile, 2004.[2] Agricultura Familiar es una forma de vida  y una cuestión cultural, que tiene como principal objetivo la reproducción social de la familia en condiciones dignas, donde la gestión de la unidad productiva y las inversiones en ella realizadas son hechas por individuos que mantienen entre sí lazos de familia, la mayor parte del trabajo es aportada por los miembros de la familia, la propiedad de los medios de producción (aunque no siempre de la tierra) pertenece a la familia, y es en su interior que se realiza la transmisión de valores, prácticas y experiencias” Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FONAF),  2006.

[3] Román Marcela E. Los jóvenes rurales en Argentina: elementos para una estrategia de desarrollo rural. Secretaría de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentos (SAGPyA),  Dirección  de Desarrollo Agropecuario (DDA), PROINDER. Serie Estudios e Investigaciones N° 4, Buenos Aires, 2002, (pág. 30).

[4] En la Argentina con casi 40 millones de habitantes, se calcula que un 33 % de población vive en el Gran Buenos Aires y  la Capital Federal, en tanto el resto de la provincia de Buenos Aires alberga a un 37 % del total general.

[5] Delfini M. y Spinosa M., Trabajo Argentino, cambios y continuidades en 25 años de democracia. Universidad Nacional de General Sarmiento; Buenos Aires: Biblioteca Nacional, 2008, (pág. 27).

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